Ahora mismo

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El sueldo de los funcionarios
Publicado el 29-09-09 , por Francisco Cabrillo

Como todos los años, la subida del sueldo de los funcionarios se ha convertido en un tema de discusión a la hora de elaborar los presupuestos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.


Y, como todos los años, en este debate no se están abordando las cuestiones fundamentales de la estructura salarial de los empleados públicos. Es lógico que cualquier incremento en el coste salarial sea visto con preocupación por los ministros y los consejeros de Hacienda.

En un país con tres millones de funcionarios un aumento de los sueldos, por pequeño que sea, tiene efectos importantes en las cuentas públicas. Un ejemplo sencillo: un incremento de sólo 30 euros al mes, en promedio, para cada funcionario, le costaría al contribuyente más de 1.200 millones de euros en el curso del año.

Pero el problema más importante no es éste. Dos son las cuestiones que deberían preocupar a los gestores de la administración pública: el número de funcionarios y la estructura de los salarios en el conjunto del sector público. A ninguna de las dos, sin embargo, se les presta la atención que merecen.

Como se ha dicho en muchas ocasiones, el problema del coste salarial de los empleados públicos no es que cada uno de ellos gane mucho dinero, sino que su número es excesivamente alto. Y lo que es aún más grave, las cifras han crecido mucho en los últimos años.

El desarrollo del modelo de la comunidades autónomas ofreció en su día una buena oportunidad para mejorar la Función Pública de forma paralela al proceso de descentralización. Pero las cosas se hicieron mal. La eficiencia no mejoró y el número de funcionarios aumentó de forma espectacular.

Exceso de contrataciones
El problema de exceso de contrataciones se agravó, además, en los años de bonanza económica. Las comunidades autónomas y los ayuntamiento dispusieron de un gran volumen de recursos financieros y una parte importante de ellos los utilizaron para crear más puestos de funcionarios.

El aumento de gasto público quedó así, en buena medida, consolidado. Por lo que la fuerte caída de ingresos que estas entidades han experimentado como consecuencia de la recesión ha puesto en serias dificultades su financiación para el año actual y –me temo– también para los próximos años.

La sociedad española necesita plantearse seriamente cuáles son las funciones que debería tener un sector público y adecuar a ellas sus dimensiones. No tiene sentido pensar que el gasto del Estado, las comunidades y los ayuntamientos tiene que seguir creciendo porque existen muchos problemas sociales por resolver. No habría límites para razonamiento de este tipo.

Estrecho abanico salarial
Otra cuestión, de la que se habla menos todavía, es el abanico salarial tan estrecho que existe en las administraciones públicas. Si se comparan, por ejemplo, las diferencias que existen, por un lado, entre el sueldo del director general de una empresa privada y un administrativo de la misma y, por otro, entre los sueldos de empleados de nivel equivalente en el sector público, es fácil observar que la separación es mucho menor en este último. Y esto plantea serios problemas para la existencia de un sector público eficiente que ve cómo, día tras día, muchos de sus mejores funcionarios dan el salto a la empresa privada.

Si la comparación se realiza entre los ingresos de personas del mismo nivel de ocupación, se confirma la imagen antes obtenida. En niveles bajos los ingresos salariales son, en el sector público, superiores a los de la empresa privada. Se llega entonces a un punto de inflexión y, a partir de él, el sector privado empieza a pagar más que el público.

Y las diferencias en los puestos de más alto nivel de responsabilidad, son espectaculares a favor de la empresa privada. Y hablamos de sueldos medidos en términos estrictamente monetarios. Si se toman en consideración también los horarios, las vacaciones, las exigencias en lo que se refiere a la actividad del empleado, etc., las ventajas que la administración pública ofrece a sus funcionarios –especialmente de los niveles inferiores– son aún mayores.

Si casi nadie se atreve hoy a decir estas cosas en voz alta, más difícil será aún que algún gobierno se decida a poner en práctica reformas que acerquen la estructura de salarios del sector público a la de la empresa privada.

Pero, mientras no se adopten medidas de este tipo, no será posible pensar siquiera en elevar realmente los niveles de productividad de la administración pública. A veces se tiene incluso la impresión de que las cosas pueden evolucionar en sentido contrario. Cuando, como ocurre en la actualidad, se habla de congelación salarial o de incrementos muy bajos para los funcionarios, se pide discriminar en el ajuste a favor de los salarios más bajos.

Tal medida puede parecer un acto de justicia social. Pero reduciría aún más un abanico salarial ya muy estrecho; y dejaría las cosas aún peor de lo que están. Son otras las medidas que habría que adoptar.