Las autonomías, cada una a su aire
Publicado el 11-06-2010 , por Editorial
La fragmentación del mercado como consecuencia de un mal entendido estado de las autonomías complica cualquier política de Estado que se quiera llevar a cabo.
Las trabas burocráticas que han convertido cada autonomía en un reino de Taifas que ahuyenta a la inversión extranjera, la absurda guerra del agua entre regiones, la carrera de obstáculos en que se ha convertido la necesaria consolidación del sector financiero por la injerencia de los dirigentes autonómicos en las cajas, la imposibilidad para embridar el despilfarro en muchas autonomías...
Son sólo algunos ejemplos de algo que en España venimos sufriendo con frecuencia con un grave coste para el desarrollo económico, y que fuera de nuestras fronteras causan perplejidad.
Ni siquiera ahora, en un momento de emergencia nacional en el que resulta imperativo taponar la sangría de las cuentas públicas, los dirigentes autonómicos son capaces de hacer un esfuerzo para tocar la misma música que requiere la situación.
La decisión de Zapatero de imponer un recorte del 5% al salario de los funcionarios para contribuir a subsanar el grave agujero presupuestario está siendo interpretada de manera arbitraria por algunas autonomías, que son lógicamente las encargadas de aplicar dicho recorte a los empleados públicos de su ámbito territorial. Lo mínimo que se debe pedir es que se ajusten al 5% requerido para que al menos cuadren las cuentas del ahorro comprometido con el eurogrupo. Es lo que ha hecho Cataluña.
Tampoco hay nada que objetar a que alguna autonomía, como Andalucía, promueva un ajuste mayor. En cambio, no se puede decir lo mismo de otras como Valencia, Navarra o País Vasco, que soslayan las directrices generales y haciendo de su capa un sayo aplican a sus funcionarios recortes inferiores con la intención de caer menos antipáticos desde una óptica electoralista.
Se trata de una evidente falta de solidaridad para con el resto de autonomías que sí asumen la impopularidad de aplicar la medida en su totalidad. Además, la situación ahonda en el tradicional agravio que supone la sustancial mejor retribución de los funcionarios autonómicos frente a los estatales.
Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el nudo gordiano del problema no es la cuantía de los sueldos, sino la insostenible burbuja de empleados públicos, muchos de ellos de mera designación política, que exige una reestructuración a fondo de las sobredimensionadas plantillas de funcionarios.
Eso debería convertirse en una prioridad ineludible para los dirigentes políticos, pero mientras tanto si la dramática situación presupuestaria exige asumir sacrificios lo menos que se puede pedir es que las autonomías que se han revelado ahora más populistas estén a la altura de las circunstancias.
Ahora más que nunca los intereses generales deberían primar sobre los particulares. Los costes de transacción de las decisiones tomadas por nuestros dirigentes deberían estar en un segundo plano.
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