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Viernes, 6 de mayo de 2011
Paradojas de la financiación autonómica
Los piadosos intentos de equilibrar la financiación autonómica
se han topado con la tozuda realidad de un gasto cuya evolución
abre sucesivos agujeros antes de que se taponen los ya
horadados.
Se ha criticado, no sin razón, el efecto perverso de trocar la
nítida regla nítida del déficit cero por un vago principio de
estabilidad a lo largo del ciclo.
El cambio se operó bajo sólidas perspectivas de crecimiento que
permitían alimentar la esperanza de alcanzar cómodos excedentes
que suplieran las deficiencias en rachas menos boyantes. Pero
incluso bajo tan favorable coyuntura, las finanzas regionales
hicieron aguas lastradas por el notable incremento de sus gastos
típicos y la tentación de incurrir en nuevos dispendios ante la
aparente bonanza.
El criterio del ciclo se mostró, en definitiva, una herramienta
escasamente adaptada para atajar desajustes de naturaleza
estructural. El factor de ajuste de los planes de saneamiento se
saldó con promesas contingentes de futuras consolidaciones, una
y otra vez desmentida por los hechos.
El nuevo modelo no ha resistido, pues, la prueba de la verdad.
No resultaba difícil prever tal resultado. El antecedente del
límite del déficit en la eurozona, cuyo carácter fronterizo
pronto se convirtió en comportamiento habitual, muestra hasta
qué punto resulta contraproducente otorgar márgenes de
flexibilidad en materia presupuestaria.
AusteridadCon todo, el desequilibrio financiero de las
comunidades autónomas no deriva fundamentalmente del escaso
cuidado en evitar despilfarros. Si así fuera, bastaría con
aplicar una dosis suficiente de austeridad para eliminar los
desajustes. La esencia del problema reside en la dificultad de
disciplinar unos gastos sociales de carácter obligatorio,
espoleados tanto por exigencias de los ciudadanos como por
factores objetivos como el envejecimiento poblacional.
Existen sin duda otros epígrafes donde se podría aplicar una
poda sistemática mediante una mayor coordinación entre las
distintas administraciones que suprimiera solapamientos
inútiles. Pero al final del día, de no adoptarse medidas
radicales para mantener a raya gastos como la sanidad o la
educación, resultará imposible equilibrar las cuentas.
La creciente cesión de impuestos ha depauperado al Estado sin
resolver los problemas de financiación autonómica. Antes bien,
los ha exacerbado ante la extrema volatilidad de esta fuente de
ingresos, especialmente vulnerable ante la crisis. Tampoco ha
surtido el efecto de elevar la corresponsabilidad fiscal. Los
ciudadanos se comportan como reticentes contribuyentes frente al
Estado, al tiempo que demandan más y mejores servicios a las
autoridades autonómicas sin pensar que se financian con sus
impuestos.
Por si fuera poco, el modelo ha mostrado síntomas de agotamiento
antes de empezar a andar. La incapacidad para devolver el exceso
de impuestos cedidos se ha salvado mediante una moratoria que ha
otorgado oxígeno por más de 30.000 millones en 2010 y 2011. Pero
cuando en el próximo año se acabe este recurso excepcional, no
se alcanza a comprender cómo podrán los entes regionales
alcanzar sus objetivos presupuestarios.
Es hora, pues, de hablar menos de saldos y más de gastos. Si
éstos no se controlan con reformas de calado, compartiendo todos
los actores el coste político, de poco servirán las
prohibiciones de endeudarse. Volveremos a nuevas cesiones hasta
dejar exhaustas las arcas del Estado. Poner coto al gasto
público es más necesario que nunca. No sólo para evitar
desajustes. Sobre todo, porque detraer recursos al sector
privado equivale a cercenar la productividad de la economía y
posponer su recuperación.
Juan Pedro Marín Arrese, economista.
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