Publicado en EXPANSIÓN el 07-06-2010 , por Miguel Ángel Patiño
A las Administraciones Públicas se les ha atragantado la liberalización del mercado eléctrico. Ayuntamientos y comunidades autónomas (una fuente tradicional de morosidad para las eléctricas) están en pie de guerra ante la perspectiva de que las compañías les corten el suministro de luz, sin contemplaciones y con todas las de la ley.
El problema viene de lejos, pero estalla ahora. Las Administraciones han pedido auxilio al Gobierno y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que les proteja de posibles apagones. El regulador ha abierto un expediente para ver qué se puede hacer. Intenta buscar una solución, aunque debe ser el Ministerio de Industria el que decida.
¿Qué está ocurriendo para que la situación se pueda calificar de grave? Hasta hace un año, los organismos públicos podían marear a las eléctricas a la hora de pagar sus recibos de luz (tarde, mal o nunca, en muchos casos). La ley forzaba a las compañías a dar el suministro obligatoriamente. Pero todo cambió en julio de 2009, con la llegada de la liberalización eléctrica, destinada a eliminar los precios y los contratos regulados de luz.
Con los cambios legislativos (ver información adjunta), ahora son las compañías las que tienen la sartén por el mango. Legalmente, no tienen obligación de firmar contratos ni hacer ofertas a clientes de alta tensión, o a aquellos de baja tensión con 10 kilovatios o más de potencia contratada.
Entre esos clientes están miles de ayuntamientos y las comunidades autónomas. Estos cubren sus propias necesidades de luz, y también los servicios públicos esenciales, como bomberos o policía. El suministro de luz en estos servicios públicos esenciales sigue estando protegido por ley. Pero para el resto, los organismos públicos tienen la obligación legal de firmar un contrato de luz en el libre mercado.
Sin ofertas
Las eléctricas, que tradicionalmente han estado en posición de desventaja con los organismos públicos debido a leyes que limitaban su capacidad de negociación como proveedores, han dado ahora la vuelta a la tortilla. Las compañías se niegan a hacer ofertas a los organismos públicos. Ya no están obligadas por ley y nadie les puede exigir que lo hagan. La CNE ha recibido quejas de los organismos públicos en las que alegan «la falta de ofertas presentadas por las comercializadoras». La CNE lleva desde hace meses analizando la situación. Ha comprobado que el problema está extendido entre ayuntamientos y comunidades, al margen de otros posibles clientes privados.
En el caso de los organismos públicos, subyace el espinoso asunto de la morosidad, explican fuentes cercanas a la propia CNE. Las eléctricas no están siendo especialmente generosas en sus ofertas a los organismos públicos. En eso, ayuntamientos y comunidades tienen razón. Pero es una verdad a medias. En muchos casos, las eléctricas sí hacen ofertas, pero exigiendo garantías. Piden avales que, al menos, garanticen el cobro del servicio de suministro de luz durante varios meses; incluso un año.
"Están en su derecho de hacerlo", dicen desde la CNE, que consideran que el asunto es muy complejo jurídicamente. Y muy acuciante. La esencia de la liberalización eléctrica es el libre mercado. Es decir, los contratos deben ser acuerdos libres entre las partes. No se puede obligar a nadie, por ley, a firmar un contrato ni tampoco a ofrecerlo en unas condiciones determinadas. Además, los organismos han ido agotando prórrogas sucesivas para adaptarse: la última, diciembre de este año. Está también el problema de la contratación pública, con concursos, que limitan a los organismos. Expediente X
La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha abierto expediente. Se le podría denominar "X", porque en la práctica no tiene fecha concreta. Se abrió en diciembre, pero sigue ampliándose cada cierto tiempo con nuevas denuncias.
Para protegerse de la falta de pago, las eléctricas están exigiendo avales a las administraciones
Recargos del 20% por no adaptarse
1. El Real Decreto 485/2009 de 4 de abril del pasado año dio paso a la liberalización total del mercado. Se fijaba el 1 de julio de 2009 para la desaparición de las tarifas reguladas para clientes con contratos de 10 kilovatios o más. La norma ampliaba lo ocurrido antes en alta tensión.
2. La orden ministerial 1659/2009 de 22 de junio establecía que, aquellos clientes de 10 kilovatios o más que no hubieran firmado un contrato libre con las eléctricas antes del 1 de julio, podrían seguir transitoriamente unos meses con tarifas reguladas, pero con recargos.
3. Los recargos serían progresivos. Desde el 1 de octubre de 2009 se pagarían las tarifas reguladas fijadas por el Boletín Oficial del Estado más un 5% adicional cada trimestre, hasta el 1 de abril de 2010. A partir de ahí, el recargo sería del 20%, hasta el 1 de octubre de este año.
4. Otra orden del Ministerio de Industria, la 3519/2009 de 28 de diciembre, dio una prórroga adicional, ante la lentitud del proceso de adaptación. El periodo transitorio se amplió desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 2010, siempre con el recargo del 20%.
5. El gas también se ha liberalizado, y ha habido retrasos en la firma de contratos de libre mercado, que tenían que haber estado antes de abril de este año. La CNE pidió a Industria hace dos semanas una prórroga de adaptación para algunos clientes, pero sólo hasta diciembre de 2010.
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